Comentario sobre Sentencia huelga RTV de Madrid.

Sentencia Tribunal Constitucional nº 17/2017, de 2 de febrero. Huelga y Tecnología. O bien, Mano y Cerebro ante las nuevas Huelgas.

bacardi-vaga

 

0.- Supuesto

 

Huelga en el sector de RTV de Madrid. No se emitió nada salvo un partido de futbol. Habitualmente se emitía por un emisor A, pero había también un emisor B. Se decide emitir desde el emisor B, aprovechando la presencia de un trabajador no huelguista que se encontraba en control central. Ello se realiza a través de un locutorio que se encontraba encendido y con apoyo de un coordinador que pone el logo de Telemadrid usando una máquina de grafismo.

 

1.- Cuestión Preliminar.

El STC admite el recurso de amparo con el objeto de crear nueva doctrina constitucional sobre un extremo no visto, la utilización durante la huelga de medios técnicos de uso no habitual en la empresa, o lo que es lo mismo, la utilización de otros trabajadores que utilizan medios que no eran los propios y habituales para la actividad ordinaria de la empresa.

En primer lugar, criticar esta sentencia por la inadecuada técnica de resolución. El concepto de trascendencia constitucional, desarrollado en el artículo 49.1 LOTC, no es más que un trámite de admisión inmotivado, que exige que el amparo constitucional se concrete en alguno de sus apartados y sea considerado “ad limine” como tal por el TC. Al contrario que la admisión que parece requerir de motivación expresa.

Y esto, o bien,  atendiendo al propio sentido de culpabilidad del TC, pues no admitiendo básicamente ningún recurso de amparo, se encuentra compelido a justificar los escasamente admitidos atendiendo a una razón de trascendencia constitucional clara y evidente, incluso aunque no se discuta por las partes. O bien, atendiendo al criterio del TEDH, caso Arribas, que exige argumentación en la admisión y, sin embargo, considera que no vulnera el art. 6.1 CEDH, la inadmisión sin motivación (mera remisión al precepto legal). O simple sentido práctico de las cosas, es más fácil motivar unos cien casos que se admiten cada año (si alcanza), que miles de casos que no se admiten.

En todo caso, se trata de una “Apreciación ex oficio”, cuestión que cabe colegir de orden público. Sea por lo que fuere, ad casum, el TC justifica que la trascendencia constitucional reside en su tenor literal:

“En el presente caso, este Tribunal decidió admitir el recurso de amparo apreciando que concurría en el mismo especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal. En efecto, este Tribunal se ha pronunciado sobre la prohibición de que los trabajadores de la empresa realicen durante la huelga funciones distintas a las que normalmente desempeñan (SSTC 123/1992, de 28 de septiembre, y 33/2011, de 28 de marzo) pero no sobre la utilización durante la huelga de medios técnicos de uso no habitual en la empresa.”

 

Criticable resulta esta afirmación cuando luego no se corresponde con la deriva de su argumento resolutorio. Apreciamos que la primera cuestión resuelta por el TC no versa sobre la doctrina de nuevas tecnologías versus derecho de huelga, sino sobre la aplicación correcta o no de su doctrina sobre sustitución o no de los trabajadores no huelguistas.

A partir de los hechos probados, en confusión con esos claroscuros que acaban siendo las conclusiones a que conducen los primeros, considera que en el presente caso no se ha producido sustitución de los trabajadores no huelguistas. Mencionar que sobre esta cuestión incide y dedica los mayores argumentos la sentencia, desde los votos particulares al sentir mayoritario de la doctrina del TC.

Pero, en esta discusión, si en lo acontecido se ha producido o no sustitución de los trabajadores no huelguistas, acudiendo a la doctrina constitucional existente y que se menciona de forma prolífica, no podemos entender la trascendencia constitucional bajo el aspecto de creación “ex novo” de doctrina constitucional sobre un elemento nuevo, porque no sería correcto, y menos cierto.

Incluso admitiendo la inicial aseveración de que la nueva doctrina parte del  supuesto de utilización de medios técnicos no usados habitualmente, esto no cambia que dichos medios fueron puestos en funcionamiento o usados por otros trabajadores no huelguistas. Y, ciertamente, no vemos gran diferencia entre este supuesto y cualquier otro en el cual un trabajador no huelguista use medios técnicos equivalentes a los que usen los trabajadores huelguistas. Si la doctrina a crear, residía en si un trabajador no huelguista se debe limitar con sus instrumentos técnicos a realizar su trabajo “habitual”, o puede intentar también realizar la actividad dejada de prestar por el trabajador huelguista cuyos trabajos son equivalentes o propios del grupo profesional, permitido por los medios técnicos asignados habitualmente dicha posibilidad, en tales términos se debería haber expuesto. En ningún momento se sistematizan estos extremos como parte del supuesto de la nueva doctrina pretendida.

Y se acaba resolviendo de forma sencilla y breve; puesto que no ha habido sustitución de trabajadores, para ello analiza los diversos detalles que puedan alterar esta conclusión, confirma que no hay lesión del derecho fundamental. Si hay conceptos y doctrina a entresacar de sus manifestaciones, en una labor de doctrina implícita, es algo que no debiera ser propio en una sentencia de este específico Tribunal cuya finalidad creativa así se declara.

En la tesitura expuesta, en realidad, nos encontramos ante un supuesto de aplicación de la doctrina constitucional consolidada, o existente. O sea, nos encontramos ante otro supuesto del art. 51.1.b) LOTC, “para su aplicación o general eficacia”. Siempre podemos argumentar que esto no cambia la concurrencia de especial transcendencia, pero la tiene, porque en función del punto de partida, también querremos alcanzar el punto de llegada: ver con absoluta claridad, no la resolución del caso concreto, sino la prístina doctrina constitucional auto-reguladora que fija el contenido y delimitación del derecho fundamental cuando concurren nuevas tecnologías.

Y en cambio, en el primer punto simplemente nos encontramos ante la resolución “ad casum” valorando la doctrina constitucional sobre sustitución o no de trabajadores en huelga. Sobre esta cuestión no hay argumentación “ex oficio” sobre la procedibilidad del recurso de amparo, cuando en realidad se constituye en el verdadero objeto de amparo.

La propia petición del Ministerio Fiscal, a favor del amparo, reitera esta posición de partida:

“El Ministerio Fiscal interesa que se conceda el amparo pretendido, pues, a su juicio, la actuación de la empresa se dirigió a minimizar los efectos de la huelga sirviéndose para ello de la decisiva actuación de un trabajador que operaba en un departamento (control central) que habitualmente no tiene por cometido el de cursar la señal televisiva, de otro que actúa como coordinador de la sección de grafismo, y de la redirección de la señal a un descodificador alternativo, que solo se emplea en casos excepcionales si es que por el predeterminado no pudiera transmitirse la programación.”

 

Los términos del debate quedaron claros para el Ministerio Fiscal y para los votos discrepantes. También para el propio voto mayoritario. Todos, como primera cuestión, resuelven atendiendo a la posible sustitución de los trabajadores huelguistas, y acaban desestimando el amparo. En tal tesitura, ¿qué sentido tiene resolver sobre la pretendida cuestión tecnológica?. No deja de ser un tema artificialmente creado y que además sirve para justificar la trascendencia constitucional del recurso de amparo y, por ende, su admisión.

 

2.- Criterio sobre la doctrina de sustitución o no, de trabajadores no huelguistas.

 

Hay una premisa básica que debemos atender y no se hace. Cuando en un proceso productivo o de servicios coexisten medios de producción de un nivel tecnológico importante, instrumentos necesarios para llevar a cabo la actividad productiva y de servicios, junto con trabajadores que dirigen, controlan y gestionan estos avances tecnológicos, la cuestión que surge es clara, ¿el trabajador es el instrumento, o el instrumento es el medio tecnológico empleado?. Dependiendo de la respuesta, existirá lesión o no de derecho de huelga. Si consideramos que el medio tecnológico es instrumento de producción en manos del trabajador especializado, en tal caso,  la discusión sobre sustitución de trabajadores no se debe confundir con la cuestión tecnológica; nos encontramos ante la mera aplicación de la doctrina constitucional sobre sustitución de trabajadores.

Esta propia STC, atiende a este criterio cuando partiendo de los inatacables hechos probados considera que no se ha producido sustitución alguna de los trabajadores no huelguistas. Ahora bien, si esto es así, nos preguntamos a qué viene el segundo apartado de la sentencia del TC, como también se lo preguntan los votos discrepantes. ¿Acaso pretende ir más allá del propio ámbito objetivo del recurso de amparo?. ¿Quiere concretar o comenzar a consolidar una doctrina para futuros navegantes?.

De todas formas, queremos matizar diversas cuestiones:

La primera, relativa a la vinculación del TC a los hechos probados. Resultan tan concluyentes y apegados a la doctrina constitucional los argumentos de los votos particulares, distinguiendo entre la esencia de los hechos probados y la trascendencia valorativa que estos tienen de tipo también fáctico, de naturaleza deductiva, que sobran comentarios. Lo cierto es que los hechos probados puros están perfectamente delimitados en la sentencia de instancia, y la conclusión final también se distingue con pulcritud “no realizarón funciones……”. La doctrina del TC, declara que no puede entrar en los hechos probados, pero si puede entrar en la valoración a realizar sobre los mismos. ¿Y en el presente caso, la final conclusión sobre si realizaron o no funciones de los huelguistas, acaso no es una clara valoración jurídica?.

No entendemos por qué el TC ha realizado esta dejación de sus funciones y se ha atrincherado en un argumento sobre vinculación a los hechos probados y ha realizado una extensión de estos a lo que resulta ser la conclusión final a que estos conducen (alegato contrario a su propia doctrina constitucional), criterio puramente formalista que de esta forma le exonera de valorar los hechos declarados probados. Y no estamos en la labor de apoyar o no los votos particulares, sino la doctrina constitucional que sobre esta cuestión se cita y resulta de una claridad incontrovertida.

De todas formas, e intentando aprovechar las energías gastadas por el TC en este pronunciamiento, acometemos ciertas cuestiones que sería bueno aclarar en sede de doctrina constitucional necesaria:

La primera cuestión a dilucidar es la concreción del objeto de sustitución. Debe consistir: ¿en la sustitución de los trabajadores en huelga, o bien, en la actividad dejada de realizar por los trabajadores en huelga?.

La segunda cuestión, los límites empresariales tendentes a dejar sin eficacia práctica el derecho de huelga abarca exclusivamente al “iuis variandi” del empresario, o también, al ordinario poder de dirección y organización del empresario. Aclarando que dependiendo del contenido que demos al concepto “ius variand”, la pregunta será una o dos.

En el presente supuesto de hecho, no se discute que dos trabajadores que no seguían la huelga realizaron trabajos no habituales y que dio lugar a la retransmisión del partido de futbol. Por tanto, sustituyeron la actividad ordinaria de los huelguistas. Esto se contrarresta, bajo el argumento, de que estas funciones no dejaban de ser propias de sus grupos profesionales, aunque uno de ellos ostentaba una jefatura, alejada de las funciones de los trabajadores de base. Sin embargo, se asume la premisa de funciones propias del grupo profesional. O sea, polivalencia funcional del grupo profesional como mecanismo de sustitución de la actividad del huelguista.

Es decir, como argumento implícito, esto sienta la doctrina de que el empresario puede alterar el contenido funcional de sus trabajadores no huelguistas para neutralizar los efectos de la huelga, siempre que lo haga dentro de la polivalencia funcional del grupo profesional de cada trabajador. Sorpresiva doctrina, por la forma oscura de hacerla, que cabe adjetivar de restrictiva en la delimitación del derecho de huelga.

Por tanto, el trabajador no huelguista no sustituiría “strictu sensu” al huelguista, en cuanto que coincidirían en las funciones del grupo profesional. Ahora bien, no coincidirían en las funciones del puesto de trabajo específico. En realidad, cubriría las funciones habituales y ordinarias del puesto de trabajo del huelguista.

Por tanto, el empresario haciendo uso de su poder de dirección, o bien, de un “ius variandi” de baja intensidad podría incidir en la repercusión de la huelga, al cubrir servicios que habitualmente realizaban los huelguistas, pero que también pueden realizar otros trabajadores no huelguistas por estar dentro de sus funciones profesionales, aunque no dentro de las funciones habituales y ordinarias de su puesto de trabajo.

¿Y cuál es la doctrina constitucional sobre tal cuestión?. La STC 123/1992, resulta paradigmática al crear doctrina seguida pacíficamente:

STC 123/1992.

En este diseño, el Real Decreto-ley mencionado más arriba recoge una vieja interdicción tradicional y repudia la figura del “esquirol”, expresión peyorativa nacida para aludir al obrero que se presta a realizar el trabajo abandonado por un huelguista, según enseña la Real Academia de la Lengua en su Diccionario.

  1. Por otra parte, existen normas en este sector del ordenamiento jurídico donde se configura una facultad del empresario para la movilidad interna del personal, unas veces vertical y otra horizontal. En tal sentido, el Estatuto de los Trabajadores le permite destinar a cualquiera para realizar tareas correspondientes a categoría inferior a la suya, bien que por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva y por el tiempo inprescindible (art. 23,4), facultad prevista además en el art. 26 del Convenio colectivo del sector, donde se autoriza el empleo de trabajadores fijos en tareas distintas. La movilidad funcional hacia arriba se contempla también más adelante, mientras que la geográfica -traslado con cambio de residencia o desplazamiento temporal- se delimita a seguido (arts. 39 y 40 ET).

Estos aspectos de la potestad directiva del empresario están imaginados para situaciones corrientes o excepcionales, incluso como medidas de emergencia, pero siempre en un contexto de normalidad con un desarrollo pacífico de la relación laboral, al margen de cualquier conflicto. Por ello puede afirmarse que están en la fisiología de esa relación jurídica, no en su patología. La existencia de tales normas que, en principio, parecen configurar el reverso del rechazo de la sustitución externa en caso de huelga, ratificando positivamente el resultado de la interpretación a contrario sensu, tampoco ofrecen una solución inequívoca, para cuyo hallazgo se hace necesaria la ponderación de los intereses en pugna a la luz de los principios constitucionales respectivos.

La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores, de la cual son emanación las facultades que le permiten una movilidad del personal, ascensional e incluso peyorativa en su dimensión vertical y temporal como regla en la horizontal, en caso de necesidad y como medidas de carácter excepcional casi siempre. Ahora bien, el ejercicio de tal facultad cuando se utiliza como instrumento para privar de efectividad a la huelga, mediante la colocación de personal cualificado (en algún caso, con título universitario) en puestos de trabajo con una calificación mínima, deja inermes a los trabajadores manuales, cuya sustitución es fácil y puede privarles materialmente de un derecho fundamental, vaciando su contenido esencial. ….

En definitiva, la sustitución interna, en el supuesto que ahora y aquí nos ocupa, constituye el ejercicio abusivo de un derecho que en principio corresponde al empresario, el ius variandi, con una posibilidad de novación contractual, desde el momento en que su potestad de dirección se maneja con fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico y en una situación conflictiva, no como medida objetivamente necesaria para la buena marcha de la empresa sino para desactivar la presión producida por el paro en el trabajo….

Parece dejar claros los términos de afectación al empresario. Este no puede utilizar su poder ordinario de dirección, facultades de movilidad horizontal, para fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico. La remisión al art. 20 del ET, avala esta interpretación de la doctrina constitucional. Y sin embargo, parecen existir dudas al encontrarnos ante supuestos donde la sustitución se realizó por trabajadores de superior categoría. Sin embargo, el TC ejerce su función, básicamente, como creador y delimitador de doctrina constitucional, por lo que no importa tanto la resolución del caso concreto, sino la doctrina que aprovechando tal caso genera.

En tal tesitura, cualquier aclaración de la doctrina reseñada en la STC 123/1992, debe ser clara y precisa, comenzando por delimitar los puntos concretos oscuros que se deben aclarar. Sin embargo, la STC 33/2011, no aclaró ningún punto oscuro, sino que ratificó su doctrina, si bien, bajo otro supuesto de sustitución por personal de otra categoría, jefatura. Pero, en todo caso, reitera un criterio que se reproduce en ambas:

“Sin embargo, como ya ha quedado reseñado en el fundamento jurídico 4 de esta Sentencia, también la sustitución interna de trabajadores huelguistas, esto es, la que se lleva a cabo mediante trabajadores que se encuentran vinculados a la empresa al tiempo de la comunicación de la huelga, puede constituir un ejercicio abusivo de las facultades directivas empresariales. Así ocurrirá cuando, sea de forma intencional, o sea de forma objetiva, dicha sustitución produzca un vaciamiento del contenido del derecho de huelga, o una desactivación o aminoración de la presión asociada a su ejercicio”

La doctrina constitucional ha venido admitiendo, en situación de huelga, una conducta activa del empresario con el objeto de mantener la normalidad de su proceso productivo. No tiene que colaborar con la huelga. Sin embargo, no admite que la conducta activa tenga como fin ser reactiva a la huelga. De este modo, cuando las facultades empresariales son utilizadas con el fin de amortiguar o reducir los efectos de la huelga, son declaradas lesivas del derecho fundamental y su utilización no puede ser causa de justificación “ad limine”, y, por ende, tampoco causa de justificación suficiente. Y este criterio abarca, porque así debe ser, las facultades ordinarias del empresario.

El poder de dirección ordinario del empresario no puede sustraerse a las garantías de los derechos fundamentales. Estas garantías también operan frente a aquel, si dicho poder de dirección ordinario agrede el contenido del derecho fundamental. En consecuencia, la utilización del poder de dirección del empresario para atenuar o rebajar la intensidad de los efectos de la huelga en el proceso productivo supone una lesión del propio derecho de huelga, porque concurre conflictivamente con el mismo.

En consecuencia, la doctrina de la STC 17/2017, puede suponer un cambio cualitativo en esta doctrina garantista anterior, de interpretar que admite implícitamente que el empresario puede sustituir el trabajo ordinario de los huelguistas, a través de otros trabajadores no huelguistas. Y la forma de hacerlo es utilizando la polivalencia funcional, dentro del grupo profesional. En tal caso, el trabajador realiza funciones que son propias del grupo. Es cierto, que nos encontramos con funciones que no son las propias o habituales de su puesto de trabajo concreto, pero, en cualquier caso, el trabajador está obligado a realizar las funciones propias del grupo. De darse tal situación, el empresario puede ejercer su poder de dirección ordinario el encomendar al no huelguista la realización de tales funciones, y el trabajador no huelguista no deja de hacer funciones propias del grupo profesional.

Criticable es que tal doctrina no sea expresa y clara, siendo implícita al resolver el caso. Y más criticable, que al no querer entrar en la valoración de los hechos probados niegue su obligación de pronunciarse de forma expresa y clara sobre tal cuestión. Pero, el caso es resuelto en tal sentido, y supone una declaración de ajuste al canon de constitucionalidad. ¿Qué debemos pensar en este devenir del conflicto, y cómo lo interpretarán y aplicarán los jueces y magistrados ordinarios?.

En tal tesitura, lo que falla es la protección que ofrece el derecho fundamental de huelga que, por esta vía, ve cómo se escapa el poder de dirección del empresario ordinario, a su garantía. Y se escapa la intencionalidad y la finalidad de la medida empresarial. Si esta pretendía atenuar o rebajar el efecto real de la huelga en el proceso productivo, suponía lesión del derecho fundamental. Ahora queda en entredicho al negar la pluricausalidad. Si en estos casos, el poder de dirección se presume ajustado a derecho pues no hay cambio funcional alguno, la intencionalidad real del empresario carece de relevancia. O bien, requeriría de prueba plena del huelguista sobre tal extremo lo que lo hace inviable en la gran mayoría de casos.

Y no entendemos que ante un derecho del empresario ejercitado con finalidad reactiva para mantener el proceso productivo sin incidencias y, por otro, el propio derecho de huelga cuyo objeto no es otro que incidir y alterar el proceso productivo como mecanismo de presión compensatoria, se pueda traer a colación el principio de proporcionalidad. O lo que es lo mismo, la gravedad de la medida reactiva del empresario frente al tipo de huelga y su incidencia en el proceso productivo. Toda actuación reactiva del empresario frente al derecho de huelga es lesiva de este derecho fundamental, no hay sacrificios mutuos. Y frente al abuso en el derecho de huelga, opera los derechos legales a favor del empresario, que nada tienen que ver con el supuesto anterior.

De todas formas, este planteamiento no se puede llegar a confundir con el planteamiento de base, la válida concurrencia del poder de dirección del empresario frente al derecho de huelga; y de admitirse, saber sus límites. La doctrina constitucional, ya hace tiempo que ha fundamentalizado la libertad de empresa y todos los principios y facultades que de él derivan como bienes constitucionales que se pueden oponer al resto de derechos fundamentales, en una paridad difícil de argumentar.

 

3.- Tecnología y Huelga. Mano y cerebro ante la Huelga.

 

El planteamiento requiere la premisa de partida, ya citada. Cuando se habla de tecnología y huelga, ¿estamos hablando de medios productivos que funcionan por sí solos, o cuasi?. ¿O estamos hablando de medios cuyo funcionamiento depende de la intervención mantenida del factor humano?. Postura ecléctica, estamos hablando de una serie de trabajadores cuya labor sea altamente cualificada y de escasa pero sustancial intervención. Nos arriesgamos a decir que este es el caso controvertido.

La STC comentada, sin embargo, no marca territorio en esta materia, no crea una doctrina clara en cuanto no hay premisa de partida. Del supuesto de hecho, debemos concluir que hablamos de tecnología gestionada por una serie de trabajadores cualificados y que esta requiere de una intervención a priori intensa y después escasa, por no decir, nula.

 

No hay duda de que la libertad del empresario, por lo que respecta a sus facultades de organización y dirección de los trabajadores, queda restringida por el ejercicio del derecho de huelga, mas no hay precepto alguno que, durante este ejercicio, prohíba al empresario usar los medios técnicos de los que habitualmente dispone en la empresa para mantener su actividad. Una actividad que, como se ha dicho, es inherente a la lesividad del ejercicio de la huelga e instrumental al ejercicio del derecho al trabajo de aquellos trabajadores que han decidido no sumarse a la misma.

 

Se parte de la premisa básica de que los medios técnicos que dispone la empresa no caen en huelga, sino que siguen estando a disposición del empresario para mantener su proceso productivo. Pero, esta doctrina no aporta nada nuevo, se podía amparar en la existente y nadie lo discute. El problema es cómo se utilizan y organizan  los trabajadores huelguistas y no huelguistas para hacer funcionar esos medios técnicos.

En el presente caso, nos encontramos con unos medios técnicos que requerían un nivel cualificado e intensivo de mano de obra. O sea, se debía poner en funcionamiento estos medios técnicos y con ciertos anagramas, posteriormente no requería de una constante intervención de mano de obra. Y parece que en estos casos, la “nueva doctrina” del TC pretende reforzar el poder de dirección del empresario y atenuar la protección constitucional de no sustituir los trabajadores huelguistas.

Cuando nos encontramos con tecnología que requiere de intervención humana cualificada, pero intensiva, o sea, que no se mantiene en la mayor parte del proceso tecnológico, en tal caso, relativiza esta intervención humana y refuerza el poder de dirección del empresario para que esa intervención concreta y precisa se produzca.

El problema es la doctrina constitucional que la sustenta. Esta no aparece sistematizada, siendo en su mayor parte argumentos implícitos o sobreentendidos. Caso del principio de proporcionalidad, aplicando este a la ecuación: derecho de huelga versus perjuicio irrogado al empresario. En esta ecuación se requiere de sacrificios mutuos. A partir de aquí, se admite una  acción de dirección y organización del empresario legítima y no lesiva al caso, bajo el argumento de que no se le puede exigir que no utilice los medios tecnológicos de que dispone.

Ahora bien, también al caso concreto, no puede dejar de admitir que dichos recursos tecnológicos se ponen a disposición de los trabajadores para que realicen su trabajo diario. Y en tal tesitura, el argumento tecnológico decae. O en todo caso, queda reducido al nivel de intervención del factor humano, a su incidencia en los procesos tecnológicos.

En definitiva, la ecuación parece querer dibujarse en la proporcionalidad siguiente: a mayor intervención del factor humano frente a los avances tecnológicos más posibilidades de declarar la lesión del derecho de huelga; a menor intervención menos posibilidades de la misma.

Sin embargo, tal argumento implícito no consideraría la “calidad e importancia” de la intervención humana en la utilización de la tecnología. Puede darse una escasa intervención humana, pero de vital importancia; o simplemente necesaria para el buen uso y fin de los procesos tecnológicos. En tal caso, la sustitución del factor trabajo en huelga no deja de ser lesivo al derecho de huelga, por cuanto la tecnología, en este caso, no sustituye al factor humano, simplemente se complementa con él de otra forma.

A la postre, nos encontramos con una sentencia que acaba resolviendo que no se han sustituido a los trabajadores necesarios para poner en marcha y dirigir correctamente los medios tecnológicos. Precisamente, se reitera este argumento porque no se sistematiza “doctrina constitucional ex novo”. Y el argumento de que no se puede exigir al empresario que no utilice sus medios tecnológicos para mantener la actividad en período de huelga resulta huérfano de premisa o supuesto básico sobre el que resolver o crear la nueva doctrina.

Y lo que no resulta admisible, es tal pronunciamiento, sin mayor aditamento. No se puede dejar tal argumento “utilización de los recursos tecnológicos en caso de huelga”, en el aire, sin más. Porque no aporta nada nuevo, nunca se dijo que los medios y recursos técnicos de una empresa quedasen sujetos a la huelga. Y si se pretende dejar caer una especie de premisa mayor, cual si la utilización del factor tecnológico que funciona con escasa intervención del factor trabajo permite el “pleno uso” del poder de dirección y organización del empresario para hacer operativo al primero sustituyendo ese factor trabajo residual. Si esto es lo que se pretendía, el planteamiento “ab initio” debería haber sido éste, y la nueva doctrina clara y precisa, determinando en qué situaciones esto resulta admisible y en qué casos, no lo es. ¿Acaso no es esto lo que pretende el recurso de amparo, ser mero generador de doctrina constitucional, sin implicarse en los casos concretos?.

Ahora bien, dado que se acaba concluyendo que no ha existido sustitución de los trabajadores, a qué viene esta especie de “obiter dicta” constitucional dejado a medias. El pronunciamiento central mantiene la doctrina constitucional en su punto de partida; al margen de no resolver los límites del poder de dirección en casos de polivalencia funcional derivado de los grupos profesionales.

En definitiva, mucho ruido y pocas nueces. Ni se ha generado nueva doctrina constitucional, al menos, que está debamos buscarla entre las piedras y guijarros escondidos entre los recovecos de la sentencia.

(Y aprovechamos, para seguir exigiendo que la inadmisión de los Recursos de Amparo se motive atendiendo a la propia doctrina constitucional sobre motivación de las resoluciones judiciales). Se adjunta la sentencia del TC, al final.

 

Luis Ezquerra Escudero

Responsable AEF-Gabinet Jurídic UGT

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