Demandas por despido y cantidad. Un maridaje no tan complicado como se pretende.

Demandas por despido y cantidad. Un maridaje no tan complicado como se pretende.

 

El artículo 26.3 LRJS, en su línea innovadora, permite la acumulación en la acción de despido, una acción de cantidad. O sea, que en la misma demanda de despido se OACreclaman cantidades adeudadas por el empresario, y de esta forma obliga al juez a resolverlo de forma conjunta, en unidad de sentencia, so pena de nulidad parcial de actuaciones (STSJ País Valenciano rec. 1727/ 2015; STSJ Madrid, rec. 869/ 2015).

El sentido común parece aunarse en esta previsión procesal. Sentido común que se correspondería con un sentido finalista o intencional del legislador;  resolver  de forma conjunta la extinción unilateral del contrato de trabajo en todos sus aspectos litigiosos de forma que esta quede finiquitada, evitando al justiciables ese peregrinar por diversos procedimientos, plazos y resultados, al margen del propio principio de economía procesal que también atempera los costes para el Estado. Sin embargo, es cierto que la sencillez buscada no oculta la complejidad que acaece en ocasiones. Comenzando  por una ley procesal que distingue entre modalidades procesales diversas y con problemas de compatibilidad e incompatibilidad no siempre justificadas,  modalidades con sus urgencias particulares y con sus propios requisitos procesales derivados de su naturaleza específica, etc.

Y en nuestro caso, ha ocurrido lo que suele ocurrir, la voluntad clara de legislador se complica cuando se pretende su fácil aplicación. La profundidad jurídica de la letra de la ley siempre da pie a lucir criterio, aunque muchas veces no atienda ni a conseguir el resultado pretendido, ni a garantizar un proceso en igualdad de armas que evite la indefensión.  A veces, el conflicto jurídico parece devenir de la fácil retórica de la sabiduría jurídica.

La diversidad interpretativa deviene del uso de diversos criterios exegéticos: la finalidad pretendida por la norma; el sentido literal y sistemático de esta, junto con la estructura jurídica del art. 26.3 ET, en su previsión de norma general, excepción a la norma. Y por último, aspectos esenciales que englobaría la vertiente constitucional de principio de tutela judicial efectiva, no permitiendo la ruptura de la igualdad de armas y la garantía de una adecuada defensa a las partes sobre sus pretensiones.

La finalidad de la previsión del art. 26.3 LRJS, permitiendo acumular a la demanda por despido una reclamación de cantidad, en los términos del art. 49.2 ET, aparece como excepción a la regla general de que el despido no admite acumulaciones de otras acciones. Sobre tal regulación,  nos encontramos con un sector jurisprudencial amplio que atendiendo a la misma, admite la reclamación de cantidades junto al despido sin mayores consideraciones, al entender que se pueden reclamar toda deuda salarial pendiente a favor del trabajador (STSJ Catalunya, rec. 7248/ 2014; y rec. 4871/ 2015; STSJ Madrid, rec. 108/2015; rec. 1813/ 2014; rec. 1897/ 2014; rec. 665/ 2014; rec. 102/ 2014.

Por el contrario, otro sector considera que al despido solo se pueden acumular o reclamar cantidades netamente aparejadas a lo que sería la liquidación del despido, strictu sensu. Aquello que se entiende habitualmente como saldo y finiquito de la relación laboral, zanjando las aristas salariales derivadas del despido, o sea, partes proporcionales de pagas extraordinarias, de vacaciones no disfrutadas y del salario correspondiente al mes en que se produce el despido o poca cosa más. Y sus argumentos se apoyan en la finalidad del legislador que entienden habla de liquidación en términos estrictos (STSJ Galicia, 30 de mayo, rec. 2792/ 2013; un sector minoritario del STSJ de Madrid, rec. 174/ 2015; rec. 778/2014 y rec. 878/2014), así como en la finalidad normativa que deducen de la propia regulación del art. 26.3 ET, que reenvía al art. 49.2 ET, precepto que obliga al empresario a la hora de extinguir el contrato del trabajador, junto a la denuncia o preaviso,  comunicar al trabajador la propuesta de liquidación de las cantidades adeudadas. Concepto de liquidación que interpreta como cantidades que zanjan los flecos finales al extinguir la relación laboral, interpretación restrictiva que siempre atiende al principio de “mínima garantía” del trabajador. El criterio de garantía máxima obligaría a que en la liquidación, el empresario, reconociera la deuda salarial real pendiente a favor del trabajador.

Junto a este criterio pretenden aunar otros que den mayor peso al argumento. Caso de la estructura jurídica del art. 26 LRJS. El apartado 1, fija la regla general de no acumulación en la acción de despido.  Esta exigencia legal devenía del hecho que el legislador daba preferencia a este tipo de acciones frente a las ordinarias (entre ellas la reclamación de salarios), el despido debía ser resuelto en plazo breve. Sin embargo, el apartado 2 y 3, fijan excepciones a la regla de no acumulación, permitiendo que a los despidos se puedan acumular cantidades conforme al art. 49.2 ET. Por tanto, reclaman que toda excepción a la regla general se debe interpretar en términos restrictivos. Pero esta argumentación es del todo baladí, por cuanto el ámbito y extensión de la excepción la fija la propia norma de forma expresa, art. 26.3, “conforme al apartado 2, del art. 49 ET”. La pretensión, en realidad, no es negar que hay que estar al contenido de esta remisión, sino acotar “ab initio” una posible interpretación extensiva del 49.2 ET. Pero dado que hablar de interpretación amplia o estricta no son más que expresiones con finalidad dialéctica, por cuanto la interpretación que realizan los Tribunales es la que se ajusta a la norma e integra su contenido sin admitir ninguna otra (una vez fijada esta como doctrina, o una vez que es firme). Por tanto, este argumento, carece de efectos práctico reales y no altera la viabilidad del art. 49.2 ET, para obtener otro resultado, caso de la doctrina jurisprudencial mayoritaria.

Por último, se alega la dificultad que supone admitir diferencias salariales que se amparan en derechos complejos y controvertidos, que se hacen valer en la acción de despido ab initio, para que en la sentencia se declaren existentes generando unas diferencias salariales (verbigracia, funciones de superior categoría, complementos que no se abonaban pero se reclama tener derecho a los mismos). Su admisión dentro de la demanda de despido son los que cuestan más de admitir, por entender, los jueces, la complejidad de declarar ex novo estos derechos, paso previo a reconocer las cantidades que de ellos se derivan. Y entienden que la mejor garantía procesal para las partes es que se vea en procedimiento autónomo, al margen del despido (STSJ de Madrid, rec. 174/ 2015, rec. 878/ 2014).

Como primer argumento, comentar que el artículo 26.2 LRJS, permite acumular a la acción de despido las exigencias de daños y perjuicios derivados de una posible lesión de derechos fundamentales, sin condicionar esta posibilidad a la posible complejidad que procesalmente ello conlleve.

En segundo lugar, toda interpretación jurídica sistemática debe partir del principio de coherencia predicable de nuestro ordenamiento jurídico y obliga a que el criterio sistemático atienda a las instituciones que, necesariamente, se relacionan. Y este es el caso del salario y uno de los efectos jurídicos que despliega el despido declarado improcedente, o sea, la indemnización. El salario es un aspecto sustantivo sobre el cual el juez se debe pronunciar a fin y efecto de calcular la indemnización legal.  Y este pronunciamiento judicial, una vez firme, opera como cosa juzgada positiva y vincula a otros procedimientos también vinculadas al salario (SSTS, rec. 3076/ 2012; STS, rec. 1541/ 2013), operando como verdadera cosa juzgada positiva y, prácticamente, negativa, ya que obliga al juez ordinario a desestimar estas reclamaciones de cantidad conexas de oficio al no poder alterar estos pronunciamientos que se dan en la acción de despido.

Y siendo esto así, si la demanda por despido genera cosa juzgada positiva sobre la cuantía salarial que debía percibir el trabajador, esto quiere decir que una posible acción de cantidad cuya causa resida en esta diferencia salarial viene vinculada por la primera. Y en tal caso, la postulada indebida acumulación pierde su razón y sentido, si atendemos a un verdadero derecho a la defensa. Cuando lo realmente complejo es la discusión sobre el derecho a una cuantía salarial, y esta discusión autónoma es lo que puede demorar el proceso de despido; y, sin embargo, esto se debe ver en el procedimiento de despido para fijar el salario real que correspondía al trabajador para, de esta forma, calcular la indemnización. A lo que se une, que una vez declarado este salario crea estado de cosa juzgada positiva.  En esta tesitura, resulta absurdo decir que las cantidades derivadas del reconocimiento de derecho deben generar un procedimiento de cantidad aparte. El sentido común no participa de este argumento.

Una vez declarado el verdadero salario que corresponde al trabajador, en la mayoría de los casos, las cantidades derivadas de tal reconocimiento será una sencilla cuestión matemática. Y cuando las cantidades reclamadas resultan cuestión sencilla, cierta doctrina jurisprudencial, con indudable acierto, se pregunta por qué no aplicar el art. 26.3 LRJS, en toda su plenitud (STSJ Catalunya, rec. 7248/ 2014).

Téngase en cuenta que el art. 26.3 citado, deja en manos del juzgador desacumular la acción de cantidad y resolverla en procedimiento propio, o sea, generando ex oficio, dos procedimientos, el del despido y el de cantidad. Pero ojo, el criterio a tener en cuenta no es la complejidad del procedimiento de cantidad, sino los resultados que tal demora pueda causar en la requerida celeridad del proceso de despido “…demoras excesivas al proceso de despido”. Por tanto, que no se confunda la complejidad de la reclamación de cantidad; este criterio en sí mismo no es razón por desacumular las acciones, sino la trascendencia que pueda tener sobre la celeridad del procedimiento de despido. Pero, en aquellos casos, donde en la propia acción de despido se deba resolver sobre la cuantía salarial real que correspondía al actor, en tal caso, será difícil argumentar el criterio de “complejidad”  como causa del retraso en la acción de despido.

Y en tal caso, ¿qué razón queda para aplicar un criterio restrictivo al ámbito del art. 26.3 LRJS?; la remisión al 49.2 ET, que remite al concepto de “liquidación”, entendido como resolución de flecos salariales. Pero, este argumento (estrictamente formalista) queda desvaído si, como comentamos, en la propia acción de despido se debe entrar a deslindar el salario real del trabajador (resolviendo las controversias que existan sobre el mismo, por muy complejas que sean). Lo que deja este argumento para casos muy residuales, por lo que debería superarse y pretender la máxima eficacia para el justiciable y la mejor economía procesal para los costes del Estado.

 

Luis Ezquerra Escudero (Cap de l’AEF – Gabinet Jurídic UGT Catalunya)

 

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