EL PODER DE LA ADMINISTRACIÓN: DESAPARICIÓN DE LA RECLAMACIÓN PREVIA EN EL ÁMBITO LABORAL

La Ley 39/ 2015, procedió a suprimir la necesidad de interponer reclamación previa en el ámbito laboral, excepto para el ámbito de Seguridad Social, con efectos de 2 de octubre del 2016. Lo que antes era un intento de que la Administración revisará su propia actuación, buscando que el justiciable no estuviera obligado a temptationofstanthonyacudir a la vía judicial de forma directa, ahora se considera por el Preámbulo de esta ley, como una pérdida de tiempo y atendiendo al interés del justiciable lo suprime.

 

“De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas”.

 

Afirmamos que las normas nunca son neutras y que la exposición de motivos de éstas rara vez resulta creíble, pues lo único que pretenden es justificar al propio legislador. Y dado que siempre regulan las diversas realidades atendiendo a los intereses en juego bajo criterios diversos: criterio de paridad en los intereses, criterio de subordinación de unos intereses frente a otros, criterio consistente en ignorar ciertos intereses en juego; queremos y nos apetece analizar, razonar y obtener nuestra propia conclusión sobre la eterna cuestión: ¿a quién favorece esta norma?, sabedores que no es neutra.

 

La finalidad de la reclamación previa se centraba en evitar que el ciudadano tuviera que acudir a la vía judicial de forma directa. Se instrumentaba una facultad a su favor,  que obligaba a la Administración a revisar su propia actuación, cuando afectaba a los intereses y derecho del citado justiciable. Hasta aquí la bondad de la medida a favor del ciudadano parecía evidente. Es cierto, que también podía ser una forma de ganar tiempo a favor de la Administración. Pero, por otro lado, representaba una forma de evitar gastos, tiempo y medios al afectado, permitiéndole obtener razón a su caso sin gastos y bajo un procedimiento rápido y ágil. E igualmente se convertía en un freno al exceso en la capacidad de autotutela de la Administración y ejercicio de sus poderes exorbitantes.

 

Por tal motivo, en la resolución que resolvía la esta reclamación la Administración venía obligada por una serie de principios y obligaciones legales muy sustanciales:

 

La primera, su obligación de resolver de forma expresa, sin que pudiera hacer dejación de la misma. Era, por tanto, una obligación tasada, no podía sujetarse a ningún principio de oportunidad a favor de la Administración.

 

La segunda, igual de importante, la obligación de la Administración de resolver la reclamación previa atendiendo a la razón jurídica que asistía al interesado. O sea, que también se negaba a la Administración resolver bajo el criterio de oportunidad. La Administración debía dar la razón al ciudadano cuando en derecho la tenía.

 

Y estas obligaciones también eran tales, en su integridad, cuando se trataba de personal laboral de la propia administración. No por ello se generaba una razón de oportunidad a su favor, ya fuera para no resolver la reclamación previa, o lo fuera para no atender al derecho que asistía al interesado. Por mucho que como entidad empleadora pudiera interesar no resolver, o resolver negativamente a pesar del derecho que asistía a su personal, bajo criterios de oportunidad, no podía hacerlo.

 

Esto generó un tránsito difícil y complicado de estos instrumentos administrativos necesarios para poder ejercitar los derechos sustantivos de los afectados. ¿Y qué problemas fueron estos?:

 

La renuencia a resolver como norma general. Estas conductas iban desde el incumplimiento de los plazos para resolver, hasta la falta de resolución. Este tipo de conductas alcanzaban niveles muy relevantes en la mayoría de Administraciones. En contrapartida, el legislador busco diversas fórmulas para solventar el problema, certificado de acto presunto, etc.;  destacando la figura del silencio administrativo positivo.

 

La inexistencia o infrautilización de procedimientos de responsabilidad hacia los funcionarios responsables o incluso políticos responsables. A pesar de que la norma procedimental administrativa llegó a indicar que la falta de resolución daría lugar a responsabilidad del funcionario encargado de resolver, esta previsión fue de las más ignoradas por las Administraciones. A la célebre frase de “léase pero no se cumpla”, con ocasión de las Leyes de Indias, habría que acuñar una de igual o superior rango para describir la dejación y desidia mayúscula en el cumplimiento de la redicha obligación por las Administraciones Públicas.

 

La desestimación de la reclamación previa bajo criterios poco ajustados al derecho aplicable. Se atendía más a los intereses en juego de la Administración respectiva que al derecho que asistía al justiciable.

 

Y esto ha sido una conducta constante, reiterada y nunca solventada por el legislador por mucho que lo ha intentado recurriendo a variados mecanismos legales. Cuando se ha producido una confrontación entre legislador y la Administración, el resultado ha sido goleada de la Administración. Nunca la Ley ha conseguido imponer ni sus principios, ni sus propias regulaciones legales en esta materia. Nunca mejor dicho: el “poder exorbitante” de la Administración ha fagocitado cualquier régimen legal.

 

Y por fin, el resultado final, el legislador ha llevado a cabo una cesión total, un reconocimiento absoluto de que cuando enfrente  tiene a la Administración nada se puede hacer. Esta ha conseguido algo que sobre todo le beneficia a ella misma, ya no debe revisar su actuación en sede administrativa, lo cual era pesado, pero si a ello añadíamos la obligación de resolver y sobre todo, el resolver bajo el principio de legalidad o derecho que asistía al reclamante, era una carga que nunca quiso asumir de buena gana, y que ahora ya no asume a ningún efecto.

 

Y luego que nos digan que las leyes son neutras, o que atienden al interés general.

 

¡Jamás un legislador ha realizado una dejación mayor de sus responsabilidades como en el presente caso!. ¡Jamás ha reconocido su derrota frente a la Administración de una forma tan clara y precisa!. ¡Jamás ha bajado los brazos de la forma en que lo ha hecho ahora!.

 

Un ruego sí que hacemos. ¡Por favor!, que no se nos diga que la supresión de la Reclamación Previa, obligando al ciudadano y al trabajador a acudir directamente a los juzgados, se hace en beneficio suyo. Tal premisa se convierte en una falta de respeto.

 

 

Fdo.- Luis Ezquerra Escudero

Responsable AEF Gabinet Jurídic UGT

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