Envejecer dignamente.

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Todos conocemos las diferentes visiones que suscita el cambio continuo e imparable que supone envejecer. Desde las más amplificadoras que consideran que empezamos a envejecer desde el momento en que nacemos, hasta las más utilitaristas que lo asocian a cuando dejamos de ser productivos.

Lo que no parece cuestionable es que cada vez habrá más personas mayores en términos absolutos y relativos, así como que la esperanza de vida se incrementa. Como sociedad tenemos el reto de determinar en qué condiciones vivimos esos años finales del ciclo vital.

Condiciones materiales y cuantificables para valorar el nivel de dignidad de una vejez digna son las pensiones y otras prestaciones económicas, los recursos sanitarios y las redes de atención especializada, las dotaciones para dependencia, la disponibilidad de viviendas, residencias especializadas, viviendas adaptadas o centros de día, así como las políticas sociales de ayuda a los colectivos más necesitados que deben aplicar las administraciones más cercanas.

Otras condiciones que contribuyen a vivir una vejez digna están relacionadas con la percepción que tiene la sociedad de las personas mayores y los efectos que esos estereotipos deformantes pueden producir, como discriminación, marginación e incluso maltrato.

Cada vez estoy más convencido de que debería reformarse el Código Penal para considerar como agravantes los abusos, estafas, delitos y atentados que se cometan contra las personas mayores en razón de su vulnerabilidad.

Cuando manejamos las diferentes acepciones que tienen que ver con la dignidad, aplicado a la vida, a las personas o a situaciones y circunstancias relacionadas directamente con la vida de las personas todos podemos coincidir en lo que significa.

Casi podríamos decir que conceptualmente está incorporado en la matriz biológica que compartimos, como un instinto básico ancestral por el que identificamos un derecho innato de las personas, inseparable e irrenunciable durante toda la vida, como también lo son la igualdad o la libertad.

Vivir con dignidad o dignamente está recogido en prácticamente todas las declaraciones internacionales de derechos individuales y colectivos, en constituciones nacionales, en los principios generales de instituciones públicas, organizaciones políticas, sindicales, etcétera.

Vivir con dignidad no admite distinciones por razón de género, color, religión, pensamiento, espacios o franjas de edad o cualquier otra circunstancia o condición.

Envejecer con dignidad es la continuidad de vivir con dignidad, sin renunciar a ningún derecho por el hecho biológico de cumplir años.

Llegar a cierta edad puede suponer dejar la actividad laboral y profesional, acceder a la jubilación e incluso empezar a familiarizarse con algunas disminuciones motoras o sensoriales, pero lo que no supone en absoluto es la disminución o pérdida de ni uno de los derechos, individuales o colectivos, que tenemos como persona.

Además de las declaraciones solemnes de instituciones internacionales, organizaciones públicas y privadas, partidos políticos, colectivos profesionales y académicos, etc. sin duda bienintencionadas, así como de la general aceptación de que envejecer no supone la pérdida de ningún derecho, conviene aterrizar en la realidad prosaica de todos los días de las personas mayores y contrastar como se concreta la noble aspiración de tener una vejez digna.

 

Para envejecer dignamente, es necesario construir un entramado de componentes básicos que sean tan dignos como queremos que sea el resultado final de una vida digna en la vejez: pensiones, sanidad, dependencia, vivienda, servicios sociales, igualdad, participación, muerte digna etc.

El principal recurso para tener vida autónoma, activa y con los medios suficientes es la pensión. Todavía lastramos los intentos de desmantelamiento del Sistema Público de Pensiones que se han producido en la última década

Parece que en la actual coyuntura política se retoma el camino de aceptar las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero sigue siendo imprescindible que los acuerdos se tomen en base al consenso y el compromiso social, con un apoyo amplio político, sindical y empresarial pactado en el marco del Diálogo Social.

Sin olvidar que las desigualdades en la vida laboral, principalmente de género, se trasladan a las pensiones.

La verdadera situación de la sanidad pública la hemos podido ver en los meses pasados y actualmente. La crisis sanitaria desencadenada por el Covid-19, ha evidenciado las carencias y los efectos de los recortes sostenidos desde la crisis del 2009 por los gobiernos detentadores de las competencias.

Han sido las personas mayores las que han pagado un dramático precio en sufrimiento y en vidas.

La situación del sistema de atención a la Dependencia, no ha sido ajeno sino todo lo contrario a ese drama vivido por las personas mayores, sus familiares y sus cuidadores, por el contrario, ha agravado los efectos de la pandemia sobre las personas mayores que viven en residencias.

El modelo de residencias, conciertos, gestión, recursos económicos, dotación de profesionales, personal, formación, convenio laboral etc. deberá ser revisado global y urgentemente, con la participación de las administraciones públicas, las organizaciones políticas y sindicales, profesionales y especialistas, así como asociaciones de personas mayores y familiares.

Desde la perspectiva sindical hemos de continuar defendiendo la recuperación y la mejora de los presupuestos de la Ley de Dependencia, así como el control y la gestión pública de todos los servicios relacionados con las residencias colectivas de cualquier modalidad donde vivan las personas mayores.

El cuidado y la atención de las personas mayores no puede ser un segmento de la actividad económica especulativa, donde la principal variable sea el beneficio y en el que las administraciones públicas deleguen su responsabilidad con las personas mayores. Detrás de cada persona hay una historia y un recorrido vital, personal, familiar, profesional etc.

La atención, los cuidados y la dignidad con la que les tratemos, refleja exactamente la calidad humana de una sociedad.

No podemos olvidar que el deseo mayoritario de las personas mayores es seguir viviendo en su entorno habitual, por lo que las políticas públicas deben promover la rehabilitación y la adaptación de las viviendas, la construcción de vivienda tuteladas, la defensa de los inquilinos ante los movimientos especuladores, los cambios legislativos necesarios para que la vivienda no sea una fuente de preocupación y miedo para muchas personas mayores, especialmente mujeres y que mayoritariamente  viven solas.

La soledad no deseada tiene cada vez más incidencia en las sociedades occidentales.

En las personas mayores, la soledad se suele asociar a la pérdida del cónyuge, al deterioro de las relaciones familiares, a la jubilación, a la desconexión con las relaciones personales, etc.

La soledad no es por sí mismo una enfermedad, pero puede favorecer el deterioro de la salud física y psíquica.

Las administraciones públicas, especialmente las más próximas, están tomando conciencia de estas situaciones y están aplicando programas para la detección y seguimiento de situaciones de aislamiento limitante y soledad no deseada.

Desde las administraciones locales, pero también desde la administración central y las autonómicas deben reforzarse los medios humanos y materiales de los servicios sociales para dar respuesta especializada y específica a las necesidades de las personas mayores.

Más allá de las coyunturas económicas, la oportunidad política u otras consideraciones teórico-técnicas, hay una decisión política consciente de como priorizar los destinos de los recursos públicos. Esa decisión es el verdadero barómetro del valor que la administración correspondiente da a las personas mayores y a la dignidad con la que viven.

En ocasiones, en la base de algunas políticas puede detectarse la concepción deformada de considerar a las personas mayores como algo homogéneo y pasivo, que representan una carga para la sociedad en su conjunto. No son consideradas como personas titulares de los mismos derechos que cualquiera, con capacidad y autonomía para tomar sus decisiones.

La edad no nos hace ciudadanos de segunda, aunque tengamos necesidades diferentes. La discriminación, en razón de la edad a las personas mayores, alimenta prejuicios, discriminaciones e incluso abusos por parte de personas y entes públicos o privados.

Un ejemplo de discriminación es la aplicación de procedimientos digitales generalizados sin tener en cuenta que una generación, que ha sabido adaptarse a numerosos cambios en su vida, económicos, migratorios, políticos, tecnológicos etc. puede que no tenga los medios técnicos o las capacidades requeridas para hacer uso de ciertos canales.

La brecha digital en las personas mayores es una brecha social y discriminatoria. Es necesario encontrar el equilibrio entre lo que las nuevas tecnologías pueden ayudar a la conexión, relación y disposición de servicios a las personas mayores y el efecto de aislamiento funcional y social que deja a las personas mayores indefensa e inoperantes ante los procedimientos públicos y privados.

Aceptar el ciclo de la vida y vivirla dignamente en todas sus fases implica estar a favor del derecho de la persona a una muerte digna, según sus propios valores y su decisión, en ejercicio de su autonomía personal y su libertad de decidir de cómo quiere que sea su final.

El derecho a ser tratado dignamente no decae con la edad, con la enfermedad ni ante el momento de la muerte. Tampoco el derecho a que sea respetada nuestra voluntad, expresada libremente por medio de cualquiera de los documentos de voluntades anticipadas que pueden utilizarse y los procedimientos legales que corresponda para dejar constancia de cómo queremos morir.

Otros aspectos complementarios que contribuyen a tener una vejez digna y activa son la formación, la participación comunitaria, el compromiso con causas colectivas, el voluntariado, el ocio compartido, las relaciones intergeneracionales etc.

Es imprescindible transmitir a la sociedad el mensaje de que las personas mayores tienen las capacidades y el derecho a continuar aprendiendo. Tener acceso a la formación personal, al conocimiento, a disfrutar con los nuevos aprendizajes y con la adquisición de nuevas habilidades relacionadas con la cultura, el arte, la salud, la ecología, las nuevas tecnologías, etc.

Las personas mayores tienen la oportunidad, la voluntad y el derecho a participar activamente, de forma individual o colectiva en cuantas actividades estén relacionadas con sus condiciones de vida. Una participación activa en la que pueda expresar sus opiniones, plantear alternativas y formar parte de los procesos de decisión.

Las personas mayores están cada vez más presentes en las organizaciones sin ánimo de lucro, aportando su experiencia, conocimientos y ayuda altruista y no solo en grandes redes sino también en acciones cercanas y concretas.

Las personas mayores continuamos estando en las organizaciones sindicales, defendiendo los derechos y las reivindicaciones de todas las personas mayores relacionados con el sistema público de pensiones, la sanidad pública, el sistema de dependencia y los servicios sociales.

En la práctica, las personas mayores podemos, debemos y estamos en todas partes de acuerdo con nuestra intención y nuestras posibilidades.

Estamos, participamos y decidimos en contextos de formación, voluntariado, organizaciones políticas y sindicales, entidades culturales y de ocio, deportivas, turísticas, etc.

Cada vez las personas mayores son más numerosas y viven más años.

La vejez no ha de ser un problema, sino un periodo lleno de opciones en el que las personas mayores pueden aportar experiencia, conocimientos, colaboración y seguir aprendiendo, participando y poniendo en práctica otro de los instintos básicos, el de la solidaridad con los más desfavorecidos y vulnerables.

Hasta el último segundo todo es vida y vamos a vivirla dignamente.

 

Manuel Becerra.

Secretari de Política Social.

UJP-UGT de Catalunya.

1-11-2020

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