Más restricciones a cargo del Tribunal Constitucional contra la capacidad representativa de los comités de empresa

MÁS RESTRICCIONES A CARGO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC 64/ 2016, de 11 de abril del 2016.

El TC avala la conducta de la empresa dando por extinguida la capacidad representativa de los miembros de un comité de empresa cuyo centro de trabajo se ha cerrado y han sido parcialmente enviados a un centro nuevo, sin representación de consell-voluntariatpersonal. Y lo hace, de forma ingeniosa, configurando el supuesto de hecho de una forma específica que luego da el resultado manifestado.
A veces ignoramos que el planteamiento de un problema condiciona la forma de resolverlo y, por ende, la solución aplicada. Y ciertamente no hay que ignorarlo nunca. En función de cómo planteemos el supuesto de hecho obtendremos un resultado u otro. La STC 64/2016, es ejemplo paradigmático.
Empresa con varios centros de trabajo. En uno de ellos fue elegido un comité de empresa. Se cierra el centro y trasladan el personal a dos centros, uno ya existente y con representación propia y otro de nueva creación y sin representación propia. A este último se envían el comité de empresa de la empresa de origen. Y uno de ellos solicita a la empresa el crédito horario para el desempeño de su actividad sindical. La empresa le manifiesta que ha perdido su condición de representante y le niega las horas de crédito horario.
Enfoque del que parte el Tribunal Constitucional. Estamos ante un problema de crédito horario y de promoción de candidaturas a las elecciones sindicales por los sindicatos (saca a colación el 28.1
CE, entre otras razones porque este representante lo había sido por una lista sindical, al margen de la doctrina sobre libertad sindical individual o colectiva). Sin embargo, dentro del TC hay un voto discordante, y también incide en el punto de partida, su enfoque es diferente; estamos ante la negación de la condición representativa que se ostentaba.
La diferencia de enfoque no resulta baladí. El planteamiento inicial y mayoritario conduce al contenido adicional de la libertad sindical y por tal motivo de configuración legal. Sin embargo, el segundo planteamiento conduce al contenido esencial de la libertad sindical y es de configuración constitucional. Y la forma de resolverlo también es diferente. En el primer caso queda en manos del legislador ordinario y el TC sólo debe evaluar si el pronunciamiento de los tribunales ordinarios se ajusta al test de motivación, razonabilidad y proporcionalidad. En el segundo caso, venía obligado a realizar un pronunciamiento sustantivo sobre el contenido y alcance del derecho constitucional en su relación con la representación unitaria y el caso concreto.
Y como consecuencia de su configuración inicial, el TC, se ve liberado de realizar un pronunciamiento sustantivo y se limita a bendecir la correcta motivación, razonabilidad y proporción al fin que pretende, de la sentencia del TSJ respectivo, cuyo fallo era de corte restrictivo.
Lo que resulta más curioso de todo es la propia admisión del recurso de amparo, ya que parte del reconocimiento “motu proprio” de la transcendencia constitucional que apenas se había argumentado. El motivo, que puede crear doctrina sobre el derecho de libertad sindical. Curioso, tras considerar la ingente labor de inadmisión que practica el Tribunal Constitucional respecto a los recursos de amparo, sin mayor motivación que meras citas genéricas. Y curioso porque si al final se trataba solo de valorar el adecuado test de motivación y razonabilidad sin entrar en la cuestión sustantiva del derecho fundamental, poco o nada ha contribuido a crear doctrina constitucional nueva. Salvo que quiera elevar a doctrina constitucional lo siguiente: la pérdida o negación de la condición representativa se equipara a un tema de crédito horario y derecho a concurrir en las elecciones sindicales y, por ende, conforma el contenido adicional del derecho de libertad sindical y no su contenido esencial. Lo que ayuda a rebajar las garantías y deja en manos del legislador ordinario su configuración, y en manos de los tribunales ordinarios la última palabra sobre su aplicación e interpretación. Otra más. ¿Qué tiene de nuevo?.

 

Luís Ezquerra Escudero Responsable de AEF.

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