El Gabinete Jurídico de la UGT rechaza el plazo de 10 días para interponer una demanda de derechos fundamentales

NO ESTAMOS DE ACUERDO

¿Es una tomadura de pelo disponer de sólo diez días para interponer una demanda de derechos fundamentales contra una actuación administrativa congresos_UGT_Federacion_y_Uniones_2016expresa? Es una opción legislativa. Si tú fueras legislador ¿lo admitirías?

¿Qué se puede decir cuando el legislador opta por un procedimiento de derechos fundamentales —arts. 114 y ss LRJCA— cuyo plazo de interposición es absolutamente precario, o dicho de otra forma, que por su cortedad apenas satisface el derecho de acceso al procedimiento?

Hablamos de un plazo de diez días frente a un acto administrativo expreso. O bien, de diez días transcurridos, veinte si se trata de inactividad administrativa, vía de hecho, o interposición de recurso de reposición o alzada (STS 5538/ 2015).

Y añadimos que la Administración, en la mayoría de casos, informa de los plazos ordinarios y prácticamente nunca del plazo especial de esta modalidad procesal ignorando que la obligación abarcaría la misma. También citamos el caso de acoso laboral al funcionario, ¿cómo aplicar este plazo a una figura que se destaca por proceder de una “conducta de tracto continuado”?, ¿tiene que ser el albur del caso concreto a criterio de la jurisprudencia?

Pero sobre todo uno se pregunta si las normas son ciegas  y la equidad interna de las mismas en ningún caso resulta exigible. Las normas no pretenden la equidad o la justicia, pero los valores superiores de nuestra Constitución sí. E informan nuestro ordenamiento y leyes ordinarias. En tal caso, hagamos uso de la razón y veamos  ¿a quién beneficia dicho plazo y en qué medida?

Cuando concurren derechos fundamentales o éstos y otros bienes jurídicos constitucionales, se debe atender a una ponderación entre los mismos y la proporcionalidad es un principio de singular importancia.

Y la primera sorpresa que nos ofrece el legislador es un plazo para interponer la modalidad de derechos fundamentales sumamente reducido, escaso. En tal tesitura, atendamos a los intereses en juego. Por un lado, la Administración, que representa el interés general (al menos en el plano teórico), y por otro lado el justiciable, que además si es funcionario mantiene una relación de sujeción especial con la Administración que no le impide ser tributario de los derechos fundamentales.

¿Qué ocurre, si transcurre el plazo de los diez días de la modalidad procesal de derechos fundamentales? La respuesta es clara, impide ejercitar esta modalidad procesal, y en consecuencia consolida la actuación administrativa. Esto se ampara en el principio de seguridad jurídica: la actuación de la Administración no puede quedar en una situación de pendencia permanente o durante largo tiempo, sino que tiende a consolidarse como actuación ajustada a derecho.

Y aparece la primera sorpresa. ¿Cómo aceptar que en una infracción de legalidad ordinaria la situación de pendencia sea de un mes en sede administrativa y dos meses en sede contenciosa y, por el contrario, de diez días cuando se lesionan derechos fundamentales básicos (o un mes en sede administrativa y luego diez en sede contenciosa)? ¿Sucede acaso que el principio de seguridad jurídica sufre menos cuando se lesiona la legalidad ordinaria que la legalidad constitucional básica, puesto que la pendencia de la actuación administrativa se mantiene durante un tiempo más largo en aquel caso?  Y surge una contradicción todavía mayor: si se lesiona un derecho constitucional de los considerados no fundamentales, se tienen dos meses para interponer el procedimiento contencioso ordinario y, por el contrario, si se lesiona un derecho constitucional de los adjetivados fundamentales se tienen diez días, ¿cuál es la razón lógica, cuál la justicia material?

Y enfrente aparece el principio de tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, como derecho del justiciable. De esta forma, tenemos un acceso a la jurisdicción sujeto a un plazo muy escaso y, enfrente, un principio de seguridad jurídica (más un valor superior que un derecho fundamental) concurriendo conflictivamente, y obtenemos: que el acceso a la jurisdicción por la modalidad de derechos fundamentales se sujeta a plazos sumamente reducidos y, en contraposición, la “consolidación de la actuación administrativa” se ve favorecida por estos cortos plazos y se consolida de forma rápida.

Al final, uno llega a una triste conclusión: le resulta más seguro a la Administración realizar una actuación lesiva de derechos fundamentales que otra lesión de legalidad ordinaria. La primera permite la consolidación del acto administrativo antes que la segunda. Y sin embargo, se nos pretende decir que la lesión de derechos fundamentales está sujeta a una protección reforzada y especialmente garantista.

El otro argumento que siempre se trae a colación es la urgencia y celeridad de esta modalidad procesal. Pero al margen que tal celeridad no se aprecia en el día a día, este argumento no puede conducir a la fácil justificación de unos plazos sumamente cortos que benefician hora a hora a la Administración. Dotar de más plazo a esta modalidad procesal no hará sufrir especialmente a la celeridad de la misma, sobre todo cuando la celeridad y urgencia es un beneficio a favor del justiciable ¿o no?

Estamos hablando de un plazo en el acceso a la jurisdicción que cabe tachar de desproporcionado y abusivo. La duración de este plazo choca con el principio de tutela judicial efectiva. Resulta del todo inadmisible y carece de justificación objetiva (no lo pretende la norma legal, ni la jurisprudencia la busca). El propio TC considera este plazo de configuración legal sin mayor aditamento (ATC 430/2004), aunque es cierto que la cuestión no se ha planteado de forma directa en estos términos.

Afirmamos, en lo que al interés del justiciable corresponde, que este plazo en el acceso a la jurisdicción es del todo desproporcionado y abusivo, constituyéndose en una clara limitación en el ejercicio de todo derecho fundamental. Toda limitación en el acceso a la jurisdicción debe valorarse en términos de lesión del propio derecho de tutela judicial efectiva. Y consideramos que la vertiente constitucional de este derecho resulta dañado sustancialmente con motivo de este plazo escasísimo e injustificado.

No es más que otro ejemplo de un procedimiento (contencioso administrativo) que debe ser revisado y modificado sustancialmente. La situación jurídica privilegiada de la Administración en este tema adquiere ribetes abusivos, dificílmente asumibles como constitucionales y del todo injustificados.

Luis Ezquerra Escudero (Responsable AEF Gabinet Jurídic)

Comments are closed.