SENTENCIA. Vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos fichero Guardia Urbana

Anulación del fichero o base de datos de la Guardia Urbana de Barcelona. El JCA nº 13 de Barcelona, da la razón al Gabinet Jurídic de UGT, y anula la creación de este fichero de datos en todos los argumentos.  Infracción de la negociación colectiva. Vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Anulación del fichero por el Juzgado.        

 El Ayuntamiento de Barcelona crea un fichero informatizado denominado “Gestió de la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guardia Urbana” que publica en el BOPB de 23.2.2017 y que tiene como objetivos los siguientes:

  • Gestión de procedimientos de información reservada a funcionarios e investigación de hechos constitutivos de infracción disciplinaria o, en su caso, de infracción penal.
  • Gestión de procedimientos sancionadores vinculados a la asignación de armas y registro de sanciones impuestas.
  • Gestión de quejas de los ciudadanos y peticiones de otras entidades competentes por los servicios prestados por la Guardia Urbana

En cuanto al contenido, los datos de carácter personal a incorporar al fichero eran:

  • Identificativos: DNI/NIF/NIE/Pasaporte, TIP (tarjeta de identificación professional), TAP (tarjeta acreditativa profesional), número de Seguridad Social/Mutua, nombre y apellidos, domicilio, e-mail, teléfono, firma/huella, imagen/voz, marcas físicas, número de registro personal, firma electrónica.
  • Personales: estado civil, datos familiares, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua materna, lengua vehicular preferente, características físicas o antropométricas.
  • Sociales: alojamiento o vivienda, situación militar, propiedades, posesiones, aficiones, estilos de vida, clubes/asociaciones, licencias, permisos y autorizaciones.
  • Profesionales: formación, titulación, historial estudiantil, experiencia, pertenencia a colegios/asociaciones profesionales.
  • Trabajo: cuerpo/escala, categoría/grado, puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina, historial laboral, otros.
  • Comerciales: actividades y negocios, licencias comerciales, suscripciones (revistas, webs…), creaciones artísticas, científicas o técnicas.
  • Económico-financieros: ingresos, rentas, inversiones, patrimonio, créditos/avales, datos bancarios, planes de pensiones o jubilación, datos económicos de la nómina, impuestos/deducciones, seguros, hipotecas, subsidios/beneficios, historial de créditos, tarjetas de crédito.
  • Transacciones: bienes y servicios suministrados, id. de recibos, transacciones financieras, compensaciones/indemnizaciones.
  • Especialmente protegidos: ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud (enfermedades, discapacidades…), vida sexual, violencia de género, que sean especialmente relevantes para la investigación concreta.

Datos, éstos, no sólo del personal de la propia Guardia Urbana, sinó también de otros Cuerpos, personas y colectivos, tales como miembros de las policía locales de Catalunya, alumos del Instituto, membres dels Mossos d’Esquadra, implicats/ades o relacionats/ades en informacions reservades o procediments disciplinaris.

En cuanto a la obtención de estos datos, la Guía refería los siguientes medios:

  • Del propio interesado o de su representante
  • De los servicios municipales
  • De registros públicos
  • De administraciones públicas
  • De entidades privadas, o
  • De fondos accesibles al público.

Y, por último, en lo referente a la forma de obtención de los mismos:

  • Teléfono, encuesta o entrevista, formulario, transmisión electrónica u otro medio equivalente, utilizando soporte papel, magnético o digital, via telemática u otro medio equivalente, consulta de otras bases de datos municipales o, en su caso, externas.

La Federació d’empleats de serveis públics de la UGT de Catalunya (FeSP-UGT) interpone recurso contencioso-administrativo contra l’Ajuntament de Barcelona, interesando la declaración de nulidad del fichero informatizado “Gestió de la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guardia Urbana”.

Se alegaba por nuestra parte:

  • La incompetencia del Ayuntamiento para elaborar el registro de su policía local (artículos 21 de la Ley 16/1991, de Policías Locales de Catalunya, 4 y 25 de la Ley 4/2003 en concordancia con el artículo 90 del RDL 7/1985, artículos 9 y 284 del DL 2/2003, y artículo 47.1, apartados a), b) y e) de la Ley 39/2015);
  • Infracción los artículos 28 de la Constitución Española, artículos 32 y 37.1.c) del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) (libertad sindical y derecho a la negociación colectiva), al no haberse informado a los Sindicatos con presencia en la corporación, ni a la Junta de Personal, no habiéndose dado ni audiencia ni negociación en la mesa de negociación; e
  • Infracción de los artículos 4, 7 y 22 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), en concordancia con los artículos 16 y 18 de la Constitución Española a la luz de la interpretación dada por la Convención Europea de Derechos Humanos y la Directiva 95/46.

Por la representación letrada del Ayuntamiento se oponía que:

  • Era competente para elaborar la ficha/guía, señalando que el archivo no es un registro de personal (si bien no señala cuál es la naturaleza del mismo), sino que estaba destinado a obtener datos relevantes para supuestos de expedientes disciplinarios, informaciones reservadas y procedimientos penales;
  • Respecto a la infracción del derecho a la negociación colectiva, que la creación de este fichero no era materia de negociación sindical, y que no afectaba sólo a miembros de la guardia urbana; y que
  • Respecto a la infracción de los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), en concordancia con los artículos 16 y 18 de la Constitución Española a la luz de la interpretación dada por la Convención Europea de Derechos Humanos y la Directiva 95/46, se limitó a contestar que la Agència Catalana de Protecció de Dades (ACPD) había avalado la creación del fichero al haber archivado tres denuncias sobre este particular.

La juzgadora asume todos y cada uno de los postulados de nuestra demanda, entendiendo que:

  • El Ayuntamiento no es competente para elaborar este tipo de fichero (pues va más allá de lo que sería un registro de personal al incluir datos que afectan a las esferas más íntimas de la vida de las personas), vulnerándose con ello el artículo 9 del DL 2/2003;
  • Que, en base a los preceptos legales invocados de aplicación al caso por la parte actora y al contrario de lo que se mantenía por la representación letrada del Ayuntamiento, sí era ésta una materia objeto de negociación colectiva y no lo fue; y
  • Que, con independencia de las tres denuncias archivadas por la ACPD que lo fueron por otras cuestiones, se vulneró con creces lo regulado por la LOPD (enfermedades, creencias, vida sexual, etc.etc.) y en los precisos términos de los artículos 7 y 22 de esa norma, no siendo ni adecuados ni proporcionados éstos con las finalidades previstas.

Consecuencia: estimación de la demanda en todos sus términos, anulación jurisdiccional del fichero e imposición de costas al Ayuntamiento.

 

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Luis Ezquerra Escudero (abogado Gabinet Jurídic – UGT de Catalunya)

 

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