La Unión General de Trabajadores, ante el debate parlamentario que tendrá lugar esta tarde en el Congreso de los Diputados, promovido por determinadas fuerzas políticas catalanas, considera que España necesita un nuevo impulso democrático -más democracia y más participación ciudadana-, fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho, algo fundamental para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y avanzar en la configuración de un modelo de Estado Federal.

La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ha aprobado un documento estratégico “Hacia un nuevo modelo económico y social en España”, que recoge las principales líneas de actuación que el sindicato considera imprescindibles para construir un nuevo modelo más sostenible y generador de cohesión social y territorial, y entre ellas se incluye la necesidad de reforzar la democracia, los derechos y libertades y la participación de los ciudadanos.

En España estamos asistiendo a un proceso de liquidación de las conquistas sociales que han conformado el Estado de Bienestar y la conformación del Estado Social y Democrático de Derecho. Los derechos y libertades ciudadanas aparecen cada vez más devaluados y se incrementa la preocupación ciudadana sobre la calidad de nuestros instrumentos democráticos y sobre el respeto efectivo por parte del poder público de los valores constitucionales y de las normas y reglas de convivencia alcanzadas en el diseño del marco democrático.

La progresiva desafección de la ciudadanía por las instituciones y los representantes políticos es evidente. Los últimos barómetros del CIS reflejan un creciente desapego de los ciudadanos hacia la política y los partidos políticos. La corrupción y el fraude ocupa el segundo lugar entre los problemas más importantes de España, solo por detrás del paro y los políticos, los partidos políticos y la política en general que ocupa el cuarto lugar en el nivel de preocupaciones. El 80% considera que la situación política del país es mala o muy mala, y muchos ciudadanos piensan que va a ir a peor.

España necesita un nuevo impulso democrático, para fortalecer las instituciones y renovar la confianza en la política, y eso pasa por una mayor implicación en la toma de decisiones que les afectan.

UGT rechaza el recorte sistemático y permanente de derechos políticos y ciudadanos que desarrolla el gobierno (libertad de expresión, reunión, manifestación y huelga, el acceso a la Administración de justicia, o los derechos sexuales y reproductivos) mientras se fomenta la percepción de que la justicia no es igual para todos, en un país donde la corrupción se percibe como muy generalizada e impune. Se suceden las iniciativas legislativas regresivas, como la de la reforma del Código Penal, la de Seguridad Ciudadana y la de Seguridad Privada, pues no tiene otra alternativa el gobierno que responder a la protesta y demandas ciudadanas con la represión pública y la limitación de derechos y libertades, en una vuelta a bases y planteamientos preconstitucionales.

Por tanto, es necesario actuar para garantizar los derechos fundamentales y de ciudadanía que se están viendo amenazados por las decisiones regresivas y unilaterales del Gobierno del Partido Popular, generando una involución inaceptable.

Ante esto, para la Unión General de Trabajadores solo cabe una respuesta: más democracia y más participación ciudadana, impulsando y fortaleciendo el Estado Social y Democrático de Derecho que consagra la Constitución. Es fundamental recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y ello requiere aproximar la política a los ciudadanos, facilitar su participación en la gestión de los asuntos públicos y convertirla en una acción transparente y desarrollada de manera ética.

Por una parte, en materia de democracia directa, es preciso intensificar la legitimación democrática de los representantes políticos elegidos, de modo que los resultados electorales sean más proporcionales a los votos de los ciudadanos en las urnas.

Se debe impulsar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones que les afectan mediante el reconocimiento de un papel más relevante en las consultas mediante referéndum previstas en la Constitución, otorgando el derecho a promover estas iniciativas y estableciendo que sus resultados sean vinculantes. Asimismo, deben eliminarse las trabas a las iniciativas legislativas promovidas por los ciudadanos por el cauce de la iniciativa legislativa popular.

UGT defiende la configuración de un modelo de Estado federal que promueva mayores niveles de autogobierno, plenamente descentralizado, sin perjuicio de la necesaria cohesión social, territorial y personal, porque ese modelo es el que mejor puede acercar la toma de decisiones políticas a los ciudadanos y viceversa, favoreciendo los mecanismo de participación que garanticen una mayor democracia real.

La Unión General de Trabajadores sostiene que es una alternativa efectiva y razonable a la contraposición de planteamientos en el ámbito parlamentario de los grupos de uno y otro signo de corte nacionalista, el desarrollar una reforma constitucional para la configuración de un Estado federal, donde el Senado tenga el carácter representativo de los intereses de los territorios.

Asimismo, y con carácter general para el impulso de la democracia UGT promueve en materia de derechos y libertades y de participación ciudadana:

La democracia no es solo votar cada cuatro años. Un gobierno democrático debe tener en cuenta que gestiona para todos los ciudadanos y no solo para quienes les han dado su voto, y además para no defraudar la confianza depositada, debe comprometerse a cumplir con el programa electoral.

Recuperar la confianza de la ciudadanía en la política y en las instituciones no se consiguen sin más transparencia, consenso en las actuaciones y debate desde el respeto y la ética en las actuaciones personales de los representantes e institucionales de los órganos de gestión y representación. No se consigue debilitando el control de la acción pública, ni poniendo frenos u obstáculos a las demandas ciudadanas, ni impidiendo por la fuerza gubernativa las acciones democráticas de protesta, ni restringiendo la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía.

No se consigue ignorando el Diálogo Social y la responsabilidad de organizaciones, como las sindicales, a las que la propia Constitución les encomienda en su título preliminar altas funciones de representatividad y defensa y promoción de intereses legítimos que les son propios. Es esta la última evidencia de los deberes de los poderes públicos: no entorpecer ni restringir el hecho sindical, sino respetar su papel protagonista en toda democracia.