Con motivo
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra
el 3 de diciembre, UGT exige un modelo social basado en más derechos y
más igualdad, ya que aún se continúan implementando políticas no
inclusivas y segregadoras para las personas discapacitadas. La
discapacidad es una cuestión de derechos humanos que afecta a la
sociedad y cuyo compromiso debe ser asumido por el conjunto de la
población. El sindicato considera que este colectivo constituye un alto
potencial que, aún queriendo trabajar, se encuentra desaprovechado, por
lo que resulta fundamental que puedan participar en el mercado de
trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores y no
con el doble de probabilidades de estar desempleadas y con índices de
temporalidad más elevados.
A lo largo
de los últimos años muchas han sido las reivindicaciones que desde UGT
hemos realizado en torno a las personas con discapacidad y su inserción
laboral. Lo cierto es que año tras año se repite el esquema, pero los
rostros ocultos son los mismos. 1. 262. 000 personas en edad de
trabajar, de las cuales el 63% son inactivas, con discapacidades
mayoritariamente físicas, mujeres, con estudios primarios, con edades
comprendidas entre los 45 y 64 años. 795.000 personas permanecen en sus
hogares sin posibilidad de acceder al mercado de trabajo, en los que
diariamente se encuentran con obstáculos múltiples debido a que a menudo
viven en el umbral de la pobreza.
Son cifras
excesivamente altas para que los gobiernos continúen mirando hacia otro
lado, a finales del año 2012, el porcentaje de personas con discapacidad
en paro se había incrementado en un 20% y, lejos de hacer una política
activa hacia este grupo de trabajadores, continúan haciéndose políticas
no inclusivas y segregadas.
La
discapacidad es una cuestión de derechos humanos que afecta a la
sociedad en su conjunto, cuyo compromiso debe ser asumido igualmente por
toda la sociedad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad plantea un modelo social de la
discapacidad basado en derechos, pero para que estos derechos sean
realmente efectivos, lejos de tener una prolija normativa al respecto,
deben ser puestos en práctica.
Resulta
infructuoso tener una normativa en la que se establezca la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y, los entornos, aún a día de
hoy resultan inaccesibles; o los plazos para la adaptación de esos
entornos cada día se incrementan más.
Las personas
con discapacidad constituyen un alto potencial que se encuentra
desaprovechado, las barreras estructurales aun se enfrentan a las
barreras psicológicas que aún no han evolucionado en un amplio sector de
la población. Aún se mide la discapacidad como falta de capacidad y no
como personas con necesidades adaptivas especiales para algunas
situaciones.
Es
fundamental que las personas con discapacidad puedan participar en el
mercado de trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los
trabajadores, ofreciendo las mismas posibilidades, tipos de contratos,
igualdad en las retribuciones, en la concurrencia de ascensos; etc. Las
personas con discapacidad que están empleadas, lo están en peores
condiciones que el resto de la población trabajadora, tienen menos
posibilidades de optar a un empleo completo, el doble de probabilidades
de estar desempleadas, en peores condiciones y con índices de
temporalidad más elevados.