La Ley 10/2012, ha fijado determinadas tasas para la utilización y uso de la justicia. Ha venido romper definitivamente la búsqueda de la igualdad de medios a la hora de ejercer los derechos de los ciudadanos. El acceso universal y sin costes en la utilización de la justicia se ha convertido en una entelequia gracias a ciertos políticos. Si hay que arar un campo no es lo mismo tener un simple azadón que un tractor. Imponer un coste económico al que utiliza la justicia no es evitar los abusos, al contrario es permitir el abuso al que se lo puede pagar.
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