En el Boletín Oficial del Estado del sábado, 3 de agosto, se ha publicado el RD-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social que recoge modificaciones del marco normativo laboral en materia de empleo y protección por desempleo, y del Estatuto de los Trabajadores, en materia de legitimación para la defensa y protección de los
trabajadores en distintos procedimientos, y sobre la regulación de los despidos colectivo, incluyendo la del RD 1483/2012, y en materia procesal de la ley de jurisdicción social.
Para la reforma en la regulación de los despidos colectivos, el Gobierno invoca el principio de seguridad jurídica pero la realidad es que esta modificación constituye un regalo a los grupos de empresa que no tengan su matriz o sociedad dominante domiciliada en España.
UGT considera que gracias a este Real Decreto-ley, en lo sucesivo, las multinacionales podrán despedir con facilidad a sus trabajadores en España en los procedimientos de despido colectivo al margen de que se trate de un grupo con beneficios.
El Gobierno, que justifica la medida por razones de seguridad jurídica, aligera la carga probatoria de los promotores del despido, un mecanismo que trata de ofrecer a las multinacionales incentivos para su implantación en España, pues independientemente de las ganancias y solvencia empresarial, podrán despedir a su antojo sobre la base de la situación de crisis económica en España, algo que supone casi una invitación a ajustar más si cabe las plantillas, ya diezmadas a raíz de la reforma laboral.
El sindicato subraya que estas modificaciones no han sido sometidas a proceso alguno de consulta, y menos negociación, con las organizaciones sindicales y empresariales representativas.
Por otra parte, UGT denuncia la improvisación del Gobierno en la regulación laboral y el reiterado uso y abuso de la figura del real decreto-ley, otra de las notas que caracterizan al proceso de reforma permanente a que se está sometiendo a la regulación laboral en el conjunto de las políticas públicas.